1. Introducción

La presente investigación corresponde a los resultados preliminares de una tesis doctoral sobre Educación Sexual en Colombia, desarrollada en la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología (UMECIT) de Panamá.

América Latina y el Caribe presentan la segunda tasa más elevada de fecundidad en adolescentes a nivel mundial, con 66,5 nacimientos por 1000 adolescentes de 15 a 19 años, entre 2010 y 2015; además, un 15% de los embarazos en la región corresponden a menores de 20 años (OPS/OMS, UNFPA y UNICEF, 2018). Estas condiciones favorecen la continuidad intergeneracional de violencia, embarazos no planeados, abortos en condiciones inseguras y demás problemáticas presentes en los países de la región, que obstaculizan su desarrollo social y económico.

Para Romero (2009), la educación sexual es fundamental en la educación integral e implica una necesidad y un derecho humano; la sexualidad “debe hacer parte del potencial humano a desarrollar desde la infancia y durante la juventud a través de una educación sexual adecuada” (p.9).

Este estudio muestra algunos avances históricos de la educación sexual en cuatro países latinoamericanos: Colombia, Chile, México y Uruguay, estableciendo una comparación a través de la construcción de líneas de tiempo que evidencian, en cada país, los avances y retrocesos históricos, la simultaneidad de algunos procesos, el desarrollo de políticas internacionales de derechos sexuales y reproductivos (DDSSRR) y la prontitud o demora en la adopción de las mismas.

Se describen los principales antecedentes de cada país en estudio, partiendo de la revisión de artículos académicos, leyes, políticas públicas, programas, orientaciones ministeriales y materiales educativos construidos por los países con apoyo de organismos internacionales. Las categorías de los documentos que forman parte de esta revisión se especifican en las tablas 1, 2 y 3, expuestas en el apartado sobre metodología.

En el análisis y discusión de resultados se evidencian tensiones y desafíos de la educación sexual en Latinoamérica relativos al reconocimiento de la diversidad sexual y equidad de género, respeto y garantía de los derechos de la comunidad LGBTI (sigla utilizada por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos ACNUDH y Amnistía Internacional), construcción de roles de género más equitativos y saludables, acceso a servicios de salud sexual y reproductiva para la población adolescente y fomento de la educación socioemocional.

2. Metodología

Se realizó una revisión sistemática de los principales antecedentes históricos que implican avances y retrocesos de la educación sexual en: Colombia, Chile, México y Uruguay. Se han seleccionado estos países, pertenecientes a la misma región, con procesos políticos, sociales e históricos paralelos, que en ocasiones favorecen avances en la educación sexual y, a veces, generan retrocesos significativos. Es del interés de este estudio realizar una comparación en el ámbito de la educación sexual de sus ciudadanos, como elemento fundamental para el desarrollo social.

La revisión sistemática es “un tipo de investigación científica mediante la cual se revisa la literatura científica sobre un tópico partiendo de una pregunta formulada de forma clara y objetiva” (Sánchez-Meca, 2010, p.54). Se implementan métodos sistemáticos y explícitos para ubicar, recopilar y realizar una valoración crítica respecto de cuáles son las investigaciones relevantes, para dar respuesta a la pregunta de investigación, tal como refiere Cooper (2016). En esta revisión se ha tenido en cuenta información proveniente de las bases de datos de Dialnet, Scielo, Redalyc y ResearchGate, priorizando la producción académica en educación y DDSSRR en los últimos siete años. En las tablas 1, 2 y 3 se especifican las categorías de los documentos que forman parte de la presente revisión:

Este primer corpus documental, obtenido en las fuentes de búsqueda, permite una aproximación inicial genérica, pero sólida sobre educación sexual en los países escogidos, que facilita la elaboración de líneas de tiempo, dado que estas son herramientas útiles en la enseñanza y comprensión del concepto del tiempo, en el contexto de la historia. Son organizadores gráficos que “permiten experimentar un sentido del tiempo” (Flores, 2015, p.112), destacan de forma visual la duración y la simultaneidad de los eventos históricos en estudio y permiten establecer relaciones entre ellos.

Esta revisión busca evidenciar algunos avances en educación sexual en Colombia, Chile, México y Uruguay, entre 1970 y 2020, construyendo líneas de tiempo, a partir de un corpus de documentos legales, orientativos y educativos de cada país. Se proporcionó una panorámica comparativa en políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, legislación en educación sexual y orientaciones de los Ministerios de Educación de los cuatro países y se incluyeron directrices, eventos y acuerdos internacionales que brindan pautas para la implementación de la educación sexual en el mundo. La unidad de tiempo utilizada es un año, y se disponen líneas de cinco a siete años, conforme a los eventos relevantes acontecidos en cada periodo. De acuerdo con Partington, la relevancia es la medida en que un evento contribuye a comprender la historia (Egea y Arias, 2018). En este artículo, el término evento relevante se refiere a los acontecimientos que suponen un avance o un retroceso en las políticas públicas y orientaciones educativas en educación sexual y DDSSRR en los países en estudio.

3. Antecedentes históricos de la educación sexual en cuatro países de América Latina

3.1. Colombia

Según Roa (2017), en los años 70´s, en las prácticas educativas colombianas, la salud era entendida como equilibrio y como derecho de todas las personas. Los colegios se responsabilizaron de “formar en conductas, hábitos y actitudes en pro de la salud” (p.76-77), incluyendo conceptos de bienestar, calidad de vida, formación integral y desarrollo humano, que fomenten “[…] comunidades sanas equilibradas y productivas” (p.78).

En Colombia, en 1974, se creó la cátedra sobre comportamiento y salud para los grados 10° y 11°, que fue uno de los primeros intentos de educación sexual en el país, y en la Constitución Política de 1991 se incluyeron los DDSSRR como parte de los derechos fundamentales, sociales, económicos y culturales (Duque, 2016). En 1992 se emitió la sentencia T 440/92, de la Corte Constitucional, que incorpora la educación sexual obligatoria y posteriormente se diseñó un programa de educación sexual para todo el país (Duque, 2016).

En 1993, se instituyó en Colombia, la educación sexual como contenido obligatorio, desde el grado preescolar hasta la media vocacional, según la Res. 03353 del MEN y se construyó el primer Plan Nacional para la Educación Sexual (PNES). Este plan dio relevancia a la familia y al individuo, abordando las problemáticas de embarazo adolescente, aborto, violencia intrafamiliar, maltrato y abuso psicológico. El PNES tuvo énfasis en salud sexual y reproductiva y asumió la educación sexual como un proyecto pedagógico dentro del currículo escolar (Duque, 2016).

Posteriormente, en 2003, surgió la Política de Salud Sexual y Reproductiva, sustentada en los DDSSRR, que incluyó temas de maternidad segura, planificación familiar, salud sexual y reproductiva de los adolescentes, cáncer de cuello uterino, ITS, VIH/ SIDA y violencia doméstica y sexual. Luego, en 2005, el MEN y UNFPA incorporaron las competencias ciudadanas al programa de educación sexual. Entre 2006 y 2007 se creó el actual Programa Nacional de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC), organizado en hilos conductores que corresponden a los componentes, funciones y contextos de la sexualidad (Duque, 2016).

El Código de la Infancia y la Adolescencia, se promulgó en 2006; ese mismo año la Corte Constitucional mediante sentencia ST C-355 reconoció el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en caso de implicar peligro para la vida o para la salud de la mujer, malformación del feto, o embarazo producto de una violación.

Luego, en 2013, la sentencia T562, permite a los colegios adoptar un manual de convivencia, sin embargo, es imperativo reconocer las libertades constitucionalmente consagradas, especialmente en materia de identidad de género como “clara manifestación y materialización del ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad” (Ministerio de Educación Nacional –MEN–, 2017, p. 21). Ese mismo año, se emitieron la Ley 1620 de Convivencia Escolar y el Decreto Nº1965, además, se publicaron algunas guías para el desarrollo de competencias ciudadanas y de la convivencia escolar.

En 2014 se publicó la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, que asume la sexualidad como condición humana, en igualdad y equidad, diversidad y no discriminación, así como el reconocimiento de acciones para la garantía de los DDSSRR (MinSalud, 2014).

Luego, en 2015, el Estado promulgó la Ley 1761, cuyo Art. 10, sobre perspectiva de género en la educación preescolar, básica y media, refiere la incorporación curricular de “[…] la perspectiva de género y las reflexiones alrededor de la misma, centrándose en la protección de la mujer como base fundamental de la sociedad […]” (Congreso de la República de Colombia, 2015).

En 2016, el MEN y algunos organismos internacionales, publicaron el material Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela. Aspectos para la reflexión, cuyo contenido fue rechazado por algunos sectores políticos y religiosos del país, argumentando que promovía el adoctrinamiento en “ideología de género”. El material fue archivado y muy poco difundido en los colegios. De acuerdo a Meneses (2019), en Colombia persiste la discriminación a las orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas, pese a la normatividad vigente en ese aspecto, y es importante que desde las instituciones educativas se fomente el respeto por la diversidad de forma teórica y práctica.

Luego, en 2017 se propuso el Programa de Educación Socioemocional Paso a Paso, con el fin de fomentar competencias socioemocionales desde grado 8° a 11° (Banco Mundial, 2017). Este programa excluye a la infancia como etapa clave para educar las emociones.

El MinSalud, en 2018, publicó el documento Abecé sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las personas con discapacidad en el marco del derecho a la salud, tema que se ha difundido más desde el sector salud que desde el ámbito educativo, donde aún falta sensibilizar a las comunidades educativas al respecto.

3.2. Chile

Chile fue el primer país latinoamericano en asumir la sexualidad como asunto público con el programa Vida familiar y educación sexual, en 1967, durante el gobierno de Eduardo Frei. Luego, el gobierno de Allende siguió la línea de salud pública proveniente de la administración de Frei, no obstante, la llegada de la Junta Militar de Gobierno en 1973, implicó un retroceso al desmontar estos programas y promover políticas a favor de la natalidad (Cubillos, 2019).

En 1991 el Ministerio de Educación publicó el documento Hacia una política de educación sexual para el mejoramiento de la calidad de la educación; luego, en 1993, se estableció una política de educación sexual que incluyó la afectividad y la salud sexual y reproductiva. Además, se creó la Circular #227 con lineamientos para la escolaridad de niñas y jóvenes en estado de embarazo; pero, algunos colegios se negaron a recibir en sus aulas a estas estudiantes, argumentando que la situación de embarazo adolescente no concordaba con su proyecto educativo, respaldados en la Ley Orgánica Constitucional de Educación (LOCE), que permitía a los colegios la libertad de enseñanza y la selección de los estudiantes admitidos; debido a esto, la LOCE debió modificarse por un fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ratificó el derecho a la educación de las adolescentes gestantes y madres lactantes en edad escolar (APROFA, 2018).

Chile, en 1994, se comprometió con la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en el Cairo (CIPD), a garantizar el derecho a la educación y a la salud sexual y reproductiva, pero los colegios del país aún podían decidir si incorporaban o no en sus proyectos educativos las políticas estatales. Posteriormente, en 1996 comenzaron las Jornadas de Conversación sobre Afectividad y Sexualidad (JOCAS), que promovieron el diálogo sobre sexualidad entre diferentes actores educativos; las JOCAS fueron financiadas por el UNFPA, pero se suspendieron por la oposición de la Iglesia Católica (APROFA, 2018).

Desde el año 2000, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se dieron avances en salud sexual y reproductiva: normas sobre esterilización voluntaria (2000), ley sobre VIH/Sida (2001), anticoncepción de emergencia en el sistema de salud público, prevención y apoyo al embarazo adolescente, y atención a la población víctima de violencia sexual (2004). Se continuó con la mesa interministerial del embarazo adolescente, dentro de la política pública de salud sexual y reproductiva para adolescentes y jóvenes. Sin embargo, Cubillos (2019) refiere que la administración de Lagos tuvo un enfoque de la sexualidad más sanitario que integral y de derechos. En 2005 se propuso el Plan de Educación en Afectividad y Sexualidad, sustentado en los derechos humanos con enfoque de igualdad, pero, fue poco aceptado por algunos sectores conservadores, impidiendo su mayor impacto.

En 2007, se publica el documento Educación sexual de niños, niñas y jóvenes con discapacidad intelectual, resultado de un estudio exploratorio de la Universidad de Chile sobre el estado de la educación sexual en la escuela especial; se concluye la necesidad de un soporte técnico, teórico y metodológico para que los docentes puedan abordar adecuadamente estos temas con sus estudiantes (Mineduc, 2007).

Durante el primer mandato de Michel Bachelet se promovió la perspectiva de género a nivel nacional y se fortaleció el tema de los DDSSRR. En 2007, se actualizaron las Normas Nacionales de Regulación de la Fertilidad, incorporando la anticoncepción de emergencia gratuita para mujeres mayores de 14 años, aspecto que generó polémica. En 2009, la Ley General de Educación (Congreso Nacional de Chile, 2009) planteó aspectos como la no discriminación y respeto a la diversidad. En 2010, se creó la Ley 20418 (Congreso Nacional de Chile, 2010) sobre información, orientación y prestación de servicios de regulación de la fertilidad. Finalizando el primer gobierno de Bachelet, se plantea el Plan de Igualdad de Oportunidades 2010-2020, que incluye los DDSSRR y la despenalización del aborto con fines terapéuticos. También, se crearon los Programas de Aprendizaje, Sexualidad y Afectividad y el de Planificación de Educación en la Sexualidad y Afectividad, además se conformaron los Consejos de Salud de Género y el de Jóvenes y Adolescentes (Cubillos, 2019).

El primer periodo de gobierno de Sebastián Piñera (2010 a 2014), implicó una ruptura con el trabajo de las administraciones anteriores, pues se fomentó la maternidad y se limitó la inclusión de la perspectiva de género y la representación de sujetos de derecho en el ámbito político (Cubillos, 2019).

Durante 2016, el Mineduc emitió el documento Educación en sexualidad, afectividad y género. Orientaciones para el diseño e implementación de un programa en sexualidad, afectividad y género. Luego, en 2017 produjo el material Maltrato, acoso, abuso sexual, estupro en establecimientos educacionales, que permite elaborar protocolos de actuación en situaciones de convivencia escolar (Mineduc, 2017). En el mismo año, el Mineduc, con apoyo de la Oficina Regional de Educación para América Latina y El Caribe (OREALC) y UNESCO, publican la guía Orientación para la inclusión de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersex en el sistema educativo chileno, con el propósito de “avanzar en el fortalecimiento de una cultura de derechos humanos” (p.19). Posteriormente, en 2018, se publica el documento Oportunidades Curriculares para la Educación en Sexualidad, Afectividad y Género, que establece la revisión de algunas áreas de la enseñanza parvularia, básica y media, en articulación con las dimensiones de la sexualidad, para el abordaje educativo; estas dimensiones son: sexo, sexualidad y género, relaciones interpersonales, corporalidad, tecnologías preventivas y reproductivas para la salud sexual, crecimiento personal, bienestar y autocuidado (Mineduc, 2018). La evolución conceptual de estos constructos, no es del alcance del presente estudio, no obstante, se espera que, en una fase más desarrollada de la investigación doctoral, se realice un análisis de contenido de la itinerancia conceptual sobre educación y sexualidad.

3.3 México

Las teorías de la educación que sustentan las políticas de educación sexual en la historia de México podrían resumirse en conservadoras, puesto que promueven el control de la juventud frente a la conducta sexual, y progresistas, con fundamento en la investigación y la ciencia, enfocadas en una visión de los jóvenes como personas autónomas, reflexivas y en desarrollo (Mejía, 2013). Igualmente, Alvarado (2015) describe la historia de la educación sexual en México, como una lucha constante entre sectores conservadores, que tienden a mantener a los niños y jóvenes en la ignorancia sobre la sexualidad, actitud que la autora considera irresponsable; y los sectores progresistas, que propenden a suplir las necesidades de los ciudadanos.

Según Zabala (2019), en los años 30 la Secretaría de Educación Pública de México (SEP), propuso la educación sexual desde la básica primaria, encontrando oposición de algunos grupos católicos de padres de familia. En esa época, había confusión respecto a términos como: “educación sexual, instrucción sexual, higiene sexual, misterio de la generación, secretos sexuales y eugenesia” (p.162), ambigüedad que generaba temores sobre la educación en esos temas. Para la autora, no solo se trató de una situación de carácter educativo, sino también religioso y político, donde se planteó la discusión sobre la potestad de la familia y del Estado en la educación de niños y jóvenes.

Más adelante, se creó el Consejo Nacional de Población de México (CONAPO), a partir de la Ley General de Población en 1974, planteando una política clara de crecimiento poblacional. Welti-Chanes (2014) señala que el CONAPO, durante décadas, ha producido diagnósticos sociodemográficos, priorizando la investigación sobre la planeación, lo que implica reformular su función y responsabilidad gubernamental.

Camacho y Padilla (2017) resaltan tres momentos históricos de la educación sexual en México, caracterizados por la oposición de agrupaciones conservadoras de padres de familia, frente a la divulgación de textos escolares en educación sexual. Un primer momento, en 1974, cuando se reformaron los planes de estudio de primaria, introduciendo contenidos de educación sexual en los libros de ciencias naturales, durante el gobierno de Echeverría Álvarez. Un segundo momento, en 2006, durante la administración de Fox Quezada, a través de la publicación del texto de biología de primer grado de secundaria, en el cual se abordaron temas como “el placer, el abuso sexual, el respeto a la diversidad sexual, entre otros contenidos relevantes” (Camacho y Padilla, 2017, p.6). Y un tercer momento, en 2016, cuando se publicó un libro de educación sexual para preescolar, y además se planteó la legalización del matrimonio igualitario. Algunos sectores de la sociedad civil, y el Frente Nacional por la Familia (FNF), manifestaron su rechazo al matrimonio entre parejas del mismo sexo, y el temor de adoctrinar a los niños sobre ideología de género a través de los textos escolares (Camacho y Padilla, 2017).

Según Salinas y Rosales (2016), es importante implementar la Educación Integral de la Sexualidad (EIS) desde la Educación Inicial y Preescolar. En México, desde el 2011 se incorporó la perspectiva de género en la Educación Preescolar, pero aún no se incluye en la Educación Inicial. Según la Agenda Sectorial para la EIS y UNICEF, es preocupante la violencia sexual ejercida contra los niños de 0 a 6 años y señalan como una de las causas el percibir que los adultos son los propietarios de los niños (Salinas y Rosales, 2016).

México promulgó en 2014 la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en cuyo Art. 58 aborda la importancia de promover la EIS en relación con la edad y nivel de desarrollo cognitivo, con el fin de ejercer de forma informada sus derechos. La educación sexual está inmersa en el proceso de socialización durante la primera infancia, en la interacción con padres y cuidadores, siendo un proceso de construcción colectiva donde el niño es un sujeto activo. Es importante introducir en la educación inicial y preescolar el tema de expresiones de género que supone “la infinidad de posibilidades para expresar la sexualidad” (Salinas y Rosales, 2016, p.153).

En México, durante los últimos años, se ha hecho difusión de los DDSSRR. En 2016 se publicó la Cartilla de Derechos Sexuales de Adolescentes y Jóvenes, dirigida a servidores públicos para la promoción, educación, información y sensibilización en el tema (Comité Promotor, 2016). Luego, en 2017, se realizó el Foro “Género, sexualidad y discapacidad”, en Ciudad de México, con la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Secretaría de Salud de México y otras instituciones; los temas centrales fueron: DDSSRR en personas con discapacidad y acceso a la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad. Del foro surgieron bases para la construcción de políticas en el tema (Instituto Nacional de Mujeres, 2017).

Finalmente, en 2018, se presentó el informe Situación de los derechos sexuales y reproductivos, como actualización de la información de las mujeres en el ejercicio de sus DDSSRR, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica 2014 y 2018, y otras encuestas nacionales (CONAPO, 2018).

3.4. Uruguay

La CIPD celebrada en el Cairo en 1994, originó dos programas en salud reproductiva en Uruguay, en 1996; el Programa de Atención Integral a la Mujer, en Montevideo y a nivel nacional el Programa Maternidad y Paternidad Elegida, que priorizó el área materno infantil para poblaciones en extrema pobreza (CNS Mujeres, 2005).

Durante el año 2000, el Ministerio de Salud Pública diseñó el Programa de Salud Integral de la Mujer, puesto en marcha en 2001. Luego, en Montevideo, se implementó el Plan de Igualdad de Oportunidades y Derechos, con un enfoque de DDSSRR y de equidad de género (CNS Mujeres, 2005).

En 2003, la Secretaría de Presidencia del Uruguay, ofreció capacitaciones en temas de salud sexual y reproductiva para equipos de salud, a través del Programa Infancia, Adolescencia y Familia en Riesgo, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (CNS Mujeres, 2005).

Posteriormente, en 2005, ANEP y CODICEN designan una Comisión de Educación Sexual para la incorporación de la educación sexual en el sistema educativo formal y se crea el Programa de Educación Sexual de la ANEP, que se fundamenta en la Ley Defensa del Derecho a la Salud Sexual y Reproductiva Nº 18.426 de 2008, Ley General de Educación Nº 18.437 de 2009, y las declaraciones internacionales firmadas por el Uruguay (López, 2015).

La Ley Nº 18.426 de 2008, en su Art. 1, promueve garantías para el ejercicio pleno de los DDSSRR de toda la población. Por su parte, la Ley Nº 18.437 de 2009 propuso, en su Art. 40, la educación sexual como línea trasversal por incorporar en el sistema educativo, para promover “la reflexión crítica ante las relaciones de género y la sexualidad en general para un disfrute de la misma” (Senado y Cámara de Representantes de la República Oriental del Uruguay, 2009).

En Uruguay, en 2007, se planteó el Primer Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades y Derechos, que buscaba “Desarrollar políticas públicas para la democratización de las relaciones sociales de género” (López, 2014, p.33), partiendo de diferentes tipos de discriminación que afectan principalmente al género femenino. El plan visibilizó la necesidad de un programa de educación sexual en el sistema educativo formal.

López et al. (2015) describen algunas acciones para implementar la educación sexual en el currículo educativo uruguayo, desde el año 2008, tales como el Seminario obligatorio de formación profesional, la incorporación de la educación sexual en la Educación Inicial y Primaria, y la implementación de la educación sexual en los tres primeros años del ciclo básico y primer año de bachillerato en todos los programas del país. También se creó el cargo de un referente en cada liceo, responsable de transversalizar la educación sexual en el currículo.

En 2012, la ANEP, el Instituto Interamericano sobre Discapacidad y Desarrollo Inclusivo, UNFPA y UNICEF, publicaron el material titulado Es parte de la vida (Meresman, Ramos y Rossi, 2012). Además, la ANEP, con el apoyo de ONU Uruguay, UNFPA y ONU Mujeres, desarrolló la investigación El cuidado de sí en niñas, niños y adolescentes. Discursos y prácticas cotidianas sobre sexualidad y derechos en el sistema educativo nacional, informe dirigido a educadores y gestores de la educación de todo el país, como insumo para la implementación de la educación sexual en los colegios del país (Darré, Sosa, Cantarelli y Jubín, 2010).

Luego, en 2012, se sancionó la Ley 18.987 de 2012, que reglamenta la interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay, únicamente en tres casos: cuando implique un riesgo grave de salud para la madre, cuando se verifiquen malformaciones incompatibles con la vida extrauterina y cuando el embarazo es producto de una violación y se encuentra dentro de las primeras catorce semanas de gestación.

La ANEP y UNFPA, en 2014, publicaron el material Está bueno Conversar. Educación Sexual para familias, reivindicando el rol de la familia como primera educadora de niños, niñas y adolescentes, y destacando su corresponsabilidad en el proceso de educación sexual (ANEP, CODICEN Y UNPFA, 2014). En el mismo año, se crea el Posgrado en Educación Sexual para Docentes con el Instituto de Perfeccionamiento y Estudios Superiores.

En 2017, se publica la cartilla Eligiendo Nos. Guía en Sexualidad y Género para Adolescentes, material sobre DDSSRR, la sexualidad como dimensión humana y el ejercicio de la sexualidad placentera y saludable, desde la autonomía y la toma de decisiones responsables (Inmujeres, 2017).

CODICEN, ANEP, y UNFPA, en 2017, evaluaron el Programa de Educación Sexual (ANEP, CODICEN y UNFPA, 2017), concluyendo que es fundamental especializar y formar a los docentes y referentes que gestionan la educación sexual en los liceos, evitando que se releguen aspectos como la diversidad sexual, la salud sexual y reproductiva y la violencia doméstica. La educación sexual actual ofrece nuevos retos, debido al acceso de los estudiantes a las redes sociales y persiste la dificultad de involucrar a las familias en el proceso de educación sexual de sus hijos.

Finalmente, en 2019, se presentó un Proyecto de Ley ante el parlamento uruguayo, para la Educación Sexual en Instituciones Educativas cuyo objeto es:

[…] reglamentar el ejercicio y efectividad de los derechos fundamentales referidos a la educación de los hijos, en particular, en el ámbito de la educación sexual, en la medida en que esta atañe a la intimidad personal y a las convicciones morales y/o religiosas (Art. 1º).

Algunos especialistas sugieren que este proyecto de ley puede significar un retroceso para el Uruguay en el reconocimiento de los DDSSRR, avivando el debate sobre el rol de los padres como propietarios de los hijos y restando visibilidad a posibles situaciones de abuso y violencia al interior de las familias (Campero, 2020).

4. Resultados

En la figura 1, se exponen algunas líneas de tiempo que muestran los eventos más importantes para la historia de la educación sexual en cuatro países de Latinoamérica: Colombia, Chile, México y Uruguay, desde 1970 hasta 2020, en relación con la elaboración y promulgación de acuerdos internacionales:

Figura 1
avances en la historia de la educación sexual década de 1970
elaboración propia

En los años 80´s, se registran avances en acuerdos internacionales tales como la segunda Conferencia sobre la Mujer en 1980, en Copenhague; la Conferencia Mundial de Nairobi; los logros de la ONU para la mujer en 1985 y la Convención de la ONU sobre los Derechos de Niño de 1989. Sin embargo, los cuatro países en estudio comenzaron a evidenciar avances hasta la década de los 90´s como se observa en la figura 2, figura 3, figura 4 y figura 5:

Figura 2
Avances en la historia de la educación sexual década de 1990
elaboración propia

Figura 3
Avances en la historia de la educación sexual, década del 2000
elaboración propia

Figura 4
Avances en la historia de la educación sexual de 2009 a 2015
elaboración propia

Figura 5
Avances en la historia de la educación sexual de 2016 a 2020
elaboración propia

5. Discusión

A partir de la información recopilada y organizada en las líneas de tiempo, sobre los cuatro países en estudio (figuras 1 a 5), en Colombia se observan avances en educación sexual a partir de los 90`s (ver figura 2). Desde entonces, el país ha realizado revisión de sus políticas de salud sexual y reproductiva, y ha creado programas nacionales de educación sexual, haciéndola obligatoria en los colegios, con un enfoque de derechos humanos, como se evidencia en las figuras 3, 4 y 5. No obstante, la oposición de algunos sectores conservadores ante la publicación del material Ambientes escolares libres de discriminación. Orientaciones sexuales e identidades de género no hegemónicas en la escuela (MEN, 2017), refleja la necesidad de sensibilizar, desde las instituciones educativas, a toda la población sobre la importancia de los derechos de las personas sexualmente diversas.

Desde 1991 en Colombia se consagraron los DDSSRR dentro de la Constitución Nacional, y en 2006 se estableció la corresponsabilidad de la familia y las instituciones educativas en la tarea de educar en la sexualidad a la niñez y a la juventud (Ley 1098 de 2006, Art.10. Numeral 6).

En cuanto a los DDSSRR de las personas en condición de discapacidad, desde el MinSalud se han desarrollado algunas orientaciones, sin embargo, se requiere mayor difusión de los mismos en el sector educativo del país, en el cual se aborda la discapacidad desde el Decreto 1421 (MEN, 2017) sobre apoyos y ajustes razonables de tipo académico.

En Chile, se observan logros desde 1970, luego en los 90´s, se avanzó en salud materno infantil, políticas de salud sexual y reproductiva y derecho a la educación de las adolescentes gestantes, además, se evaluó la política implementada desde la década anterior (figura 2). Entre 2000 y 2010, se emitieron normas sobre esterilización voluntaria, VIH/Sida y atención a víctimas de violencia sexual que determinaron avances legislativos en DDSSRR, se construyó el Plan Nacional en Afectividad y Sexualidad y se adelantaron trabajos sobre educación sexual en la población estudiantil en condición de discapacidad.

Durante la última década Chile avanzó en normas de regulación de la fertilidad, en lineamientos para la implementación de la educación sexual escolar y en materiales para la atención del maltrato, acoso, abuso sexual y estupro en colegios. Al igual que el MEN de Colombia, el Mineduc de Chile propuso, en 2017, una guía para fortalecer la de inclusión de personas con identidades u orientaciones sexuales diversas, dentro de los planteles educativos, sin embargo, el material no generó el mismo nivel de oposición que en Colombia.

Aunque Chile ha procurado avances en estrategias y políticas para visibilizar los derechos de las personas LGTBI, Galaz y Poblete (2019) refieren que aún predomina una educación sexual binaria “que prioriza una visión heterocéntrica, y que admite como única posibilidad frente a la diversidad, la asimilación” (p.266); lo que favorece la permanencia de la discriminación hacia personas de la comunidad LGTBI. Para estos autores “la educación sexual se ubica en un campo de disputa política, al entenderse como un dispositivo que establece límites entre lo que es aceptable para la sociedad y lo que queda fuera en las prácticas sexuales de la ciudadanía” (p. 257).

González, Molina y Luttges (2015) afirman que, en Chile, la educación sexual corresponde a un proceso fragmentado y a destiempo, subestimando su importancia en el aprendizaje de comportamientos sexuales más saludables. Además, persiste la resistencia de sectores conservadores, que argumentan que “el sexo y la sexualidad son asuntos privados que no deben ser discutidos en público y menos con niños pequeños” (p.25).

En México, desde los 70´s, algunas organizaciones de padres se oponen a la educación sexual escolar, considerando que debe ser exclusiva del hogar. La Ley General de Educación, de 1993, incorporó temas de preservación de la salud, planeación familiar y paternidad responsable; no obstante, la Ley General de Educación de 2019 supone avances en aspectos de género, protección de todo tipo de discriminación y protección de todas las formas de maltrato. Estos elementos se incluyeron en la educación sexual mexicana con sustento en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 2014. Además, en México se han producido varios textos de educación sexual que han sido rechazados por sectores sociales conservadores, dificultando la implementación de algunos temas en los colegios. Sin embargo, en los últimos años se ha avanzado en la discusión sobre el reconocimiento de los DDSSRR de las personas con discapacidad y se ha construido material para la promoción de los DDSSRR de los adolescentes.

En Uruguay, desde los 90´s se han implementado programas en planificación familiar y cuidado materno, y desde el año 2000 se introdujo un enfoque de derechos en las estrategias gubernamentales. La ANEP es un organismo decisorio en el desarrollo de programas de educación sexual y producción de materiales para su implementación en los liceos, con el apoyo algunos organismos internacionales. Uruguay ha logrado avances para la protección de los DDSSRR, tales como la Ley 18.426 de 2008, la Ley General de Educación de 2009 y la Ley 18987 de 2012 sobre interrupción voluntaria del embarazo. En 2017 se realizó una evaluación del programa de educación sexual. Sin embargo, en ese país también existe un fuerte movimiento de oposición a la educación sexual escolar y en 2019 se propuso un proyecto de ley que busca dar autonomía y poder decisorio a los padres de familia sobre la educación sexual de sus hijos, lo que ha generado controversia.

Sobre los acuerdos internacionales en salud sexual y reproductiva y DDSSRR, se evidencia productividad desde los 80´s, pero, en los países en estudio se comenzó a implementar dicha normatividad hasta los 90´s. En la última década se propone la nueva agenda educativa para América Latina 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible dentro de los cuales se incluyen educación de calidad, igualdad de género y construcción de sociedades pacificas e inclusivas.

Hay una tendencia en América Latina a incluir conceptos como sexualidad integral, DDSSRR y enfoque de género en las políticas públicas de educación sexual, proceso que ha tomado formas distintas de interpretación en los países latinoamericanos. Las políticas públicas corresponden a una construcción colectiva en el debate, negociación e intercambio público, con la intervención de varios actores, entre ellos, los movimientos feministas han favorecido el reconocimiento de la educación sexual como un asunto de interés público en el continente (Báez y González, 2015).

6. Conclusiones

Se evidencian a través de las líneas de tiempo algunos significativos avances sobre educación sexual en los cuatro países en estudio. Entre estos se destacan:

a. Políticas Nacionales que promueven educación sexual y salud sexual y reproductiva.

En los cuatro países, a partir de los 90´s se implementaron cambios en las políticas nacionales sobre educación sexual y salud sexual y reproductiva, avances que se han ido materializando de forma paulatina. Las leyes, programas y orientaciones ministeriales en cada país han contribuido a que la educación sexual sea un tema vigente y obligatorio en los currículos escolares y a mejorar la cobertura de los servicios de salud sexual y reproductiva para la población femenina y adolescente. No obstante, en la revisión se evidencia con respecto a los cuatro países en estudio, una constante oposición ejercida por algunos sectores conservadores de la sociedad y la persistencia de estereotipos de género; en consonancia a lo que plantean las investigaciones de Galaz y Poblete (2019), Águila, Hernández y Hernández (2016) y Finco (2015).

b. Corresponsabilidad Estado, familia e instituciones educativas en educación sexual

Se han obtenido avances en el reconocimiento legal de la corresponsabilidad de la familia, el Estado y las instituciones educativas en el proceso de educación sexual de niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, se observa que en los cuatro países este proceso se encuentra en grados de desarrollo diferentes. En Colombia, la legislación es clara al plantear que la educación sexual escolar es una tarea legalmente compartida por la familia y los colegios. En cuanto a Chile, las familias tienen libertad de elegir en relación con la educación sexual que desean para sus hijos, por lo cual no todos los adolescentes reciben la misma información tanto en calidad como en profundidad (Galaz y Poblete, 2019). En México, desde los años 70´s algunas organizaciones de padres de familia persisten en la idea de impartir una educación sexual exclusivamente familiar (Camacho y Padilla, 2017). Finalmente, en Uruguay, durante el 2019, el Parlamento propuso un proyecto de ley que busca reglamentar la educación sexual con relación a su injerencia en la intimidad personal y convicciones de carácter moral y religioso. Es importante que la educación sexual se lleve a cabo en el hogar y en el colegio desde la infancia (Romero, 2009), priorizando el respeto y el reconocimiento de los DDSSRR; protegiendo a la población de delitos como la discriminación, el abuso sexual, el feminicidio, entre otros, que a diario aquejan a la sociedad latinoamericana.

c. Derechos humanos de las personas sexualmente diversas y enfoque de género

En este ámbito, se han realizado modificaciones normativas en los cuatro países y algunos de ellos han construido orientaciones para el respeto y la promoción de estos derechos en los colegios. Sin embargo, este proceso ha enfrentado obstáculos en los cuatro países en estudio, principalmente por la oposición de algunos sectores conservadores de la sociedad, tal como lo señala Meneses (2017) para el caso de Colombia donde se requiere mayor sensibilización y educación frente a la necesidad de fomentar los derechos humanos de las personas sexualmente diversas. En esa misma línea en Chile aún se imparte una educación sexual con visión heterocéntrica, que contribuye a la discriminación de colectivos y grupos LGTBI de todas las edades (Galaz y Poblete, 2019). En México y Uruguay, pese a los avances legislativos en la protección de todo tipo de discriminación por orientación sexual o de género, persiste la oposición, ejercida principalmente por algunas organizaciones de padres de familia. Se requiere de procesos de educación sexual de niñas, niños y adolescentes que propendan a la vivencia del respeto de los derechos humanos, en especial los colegios tienen un papel indelegable en la construcción de sociedades inclusivas, equitativas y libres de todo tipo de discriminación.

d. DDSSRR de las personas con discapacidad

En ocasiones, se tiende a pensar que las personas con discapacidad son asexuadas, no pueden aprender sobre sexualidad, no son autónomas para tomar sus propias decisiones en el ámbito afectivo y sexual o incluso que no están en capacidad de ser padres (MinSalud, 2018). En Colombia se han producido algunas orientaciones desde el sector salud, pero el material ha sido poco difundido en el ámbito educativo. A partir de una investigación realizada por la Universidad de Chile en 2007, se produjo en ese país un documento con orientaciones y recomendaciones técnicas, metodológicas y teóricas para trabajar la temática con estudiantes. En el año 2017, en México, se realizó un foro en DDSSRR de personas con discapacidad y su acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, dando como resultado orientaciones para la construcción políticas nacionales en este aspecto. Por último, en Uruguay se produjo un material de apoyo en educación sexual y discapacidad, dirigido a toda la comunidad educativa. Es importante intensificar el trabajo de promoción en el tema, en los cuatro países en estudio, para lograr el impacto esperado en los colegios y en la sociedad en general.

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